Spanyol
Hasta hace poco la relación entre el derecho penal y el derechoadministrativo se ha residenciado en el ius puniendi, en laconvergencia de la represión frente al ilícito penal y la infracciónadministrativa.Sin embargo, la dramática proliferación de casos de corrupción arrojauna incidencia del derecho penal en otros institutos administrativosajenos a la potestad sancionadora, especialmente en urbanismo, lacontratación administrativa y las ayudas públicas.Ya de por sí complejas estas materias en el seno de la relaciónjurídica administrativa, su análisis desde la perspectiva penalimplica que se califiquen como delitos aquellos actos administrativosconsiderados válidos con arreglo a las leyes administrativas. Unejemplo paradigmático es el del convenio urbanístico, que lleva ínsita la negociación de un ámbito de planeamiento, mientras que para elderecho penal puede ser constitutivo de un delito de negociacionesprohibidas.La crisis expansiva del derecho penal en la actividad de laAdministración Pública y la incapacidad del derecho administrativopara abordar determinados ilícitos, obliga a un análisis exhaustivo de ambos subsectores del ordenamiento, especialmente en cada una de lasmaterias sensibles donde convergen.
