Spanyol
Espa?a inició un Plan de regeneración democrática que tenía comoobjetivo aprobar una serie de propuestas que lograran implantar unsistema que impidiese el avance de la corrupción. Entre las medidas ymaterias tenía un papel central un nuevo régimen de los altos cargosque permitiera superar las múltiples lagunas que se habían detectadoen la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos deintereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de laAdministración General del Estado y en su desarrollo reglamentario.En este escenario se aprueba Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladoradel ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado,que junto con el título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, detransparencia, acceso a la información y buen gobierno, conforma buena parte del Estatuto de los mismos.Esta obra analiza la ordenación legal, estatal y autonómica, de losaltos cargos en Espa?a, utilizando como eje vertebrador a la recienteLey 3/2015. Un régimen que introduce numerosos avances, como son elrequisito de la idoneidad para el nombramiento, la definición delconflicto de interés, el examen de la situación patrimonial tras elcese y mejoras como en las Declaraciones de Actividades y de Derechosy Bienes o en materia sancionadora. Con todo, en muchos aspectos lanueva ley no ha logrado desprenderse de la normativa anterior,reproduciendo errores, y puntos oscuros que requieren un ejercicio dereflexión e interpretación.Esta obra se continúa con la línea de buen gobierno abierta por estosautores en esta la editorial con obras anteriores relativa a laImparcialidad en el procedimiento administrativo (2012) yTransparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (2014).
