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Tiene declarado la Sala Segunda del Tribunal Supremo que el derecho ala prueba se configura como un derecho fundamental y es inseparabledel mismo derecho de defensa, pero no es ilimitado como ningún otro lo es. No existe un derecho incondicional a la prueba, y son los órganos judiciales los que están autorizados para ponderar la pertinencia ynecesidad de cada una de ellas.En la misma línea tiene declarado el Tribunal Constitucional que lautilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa,integra el contenido de un derecho fundamental contenido en el art.24.2 de la Constitución, cuya infracción no es consecuencia decualquier denegación judicial de peticiones de actividad probatoria,sino que requiere un efecto material de indefensión efectiva: requiere que la actividad no practicada y solicitada en tiempo y forma seapotencialmente trascendente para la resolución del conflicto y que,sin embargo, no haya obtenido una respuesta judicial razonable acercade su omisión.Por todo ello, esta obra recopila la doctrina jurisprudencial másactual de los tres grandes Tribunales en relación a la prueba en elproceso penal, la interpretación que éstos hacen de las normas y suaplicación, incluyendo los acuerdos plenarios no jurisdiccionales delTribunal Supremo, resultando muy útil en el ejercicio del Derecho.Salud de Aguilar Gualda, granadina de nacimiento y residencia, selicenció en Derecho por la Universidad de Granada, especializándose en Derecho Urbanístico y Seguridad Social. Durante el ejercicio de laabogacía, obtuvo la mención de doctora en Derecho Penal, también porla Universidad de Granada. En la actualidad compatibiliza la prácticade la abogacía, el trabajo de investigación con varios artículospublicados en distintas revistas y la impartición como tutora externade la asignatura de practicum a través de la Facultad de Derecho.
