La noche del 29 de diciembre de 1936, en las cercanías del peque?opueblo de Poyales del Hoyo (Avila), los partidarios del general Franco asesinaron a tres mujeres: Virtudes de la Puente Pérez, PilarEspinosa Carrasco y a la embarazada Valeriana Granada. Después, suscuerpos fueron lanzados a una fosa común en el cementerio de lalocalidad, donde permanecieron abandonados y sin identificar durantedécadas. Mientras tanto, los responsables vagaron libremente y, segúnse dice, uno de ellos disfrutó de tal impunidad que los vecinos leapodaron «501» por el número de víctimas que alardeaba haber matado. A comienzos de noviembre de 2002, décadas después de ser aprobada laConstitución democrática de 1978, algunos familiares de las víctimas y algunos vecinos, lograron exhumar los restos y darles unenterramiento digno. Según las informaciones periodísticas, laalcaldesa conservadora de Poyales del Hoyo en 2002, Damiana GonzálezVadillo, era sobrina de «501» y trató de impedir que los cuerposfuesen enterrados en el cementerio, alegando que éste carecía deespacio suficiente para los mismos. Entre la primavera y el verano de 2011 se sucedió otro episodio enesta historia: el 22 de mayo, un nuevo alcalde conservador, AntonioCerro, asumió el cargo. Ese mismo día, unos desconocidos profanaron la placa conmemorativa erigida en el lugar en el que los franquistashabían asesinado a las tres mujeres. Unas semanas después, el 30 dejulio de 2011, el alcalde ordenó la retirada de los restos de losnichos donde habían sido depositados y dispuso que fuesen devueltos ala fosa común. Su medida provocó la respuesta de algunos vecinos y, acomienzos de agosto, estallaron protestas y enfrentamientos en elpueblo. La situación llegó a un punto crítico cuando un grupo defamiliares de las víctimas y de personas afines al movimiento para larecuperación de la memoria histórica comenzaron a protestar, llevandouna pancarta con la siguiente leyenda: «Somos los nietos de losobreros que no pudisteis fusilar». Entonces, algunos derechistaslocales los acusaron de no ser espa?oles (una acusación que losfranquistas también habían vertido en su momento sobre sus enemigos en la guerra civil de 1936-1939), destruyeron la pancarta e inclusoalguno de ellos afirmó que «si Franco levantara la cabeza os cortabael cuello». Esta historia dice mucho sobre los conflictos que, en relación alpasado y a su legado, todavía atraviesan a tres generaciones deespa?oles. Desde el cambio de milenio, este conflicto ha alcanzadonuevas cotas debido a las actividades de la Asociación para laRecuperación de la Memoria Histórica, compuesta en gran parte por losnietos de las aproximadamente 150.000 víctimas de la represiónfranquista. Como sucedió en Poyales del Hoyo en 2002, los miembros dela Asociación tratan de encontrar las fosas donde yacen muchos de susfamiliares para, entonces, exhumar los cuerpos y dar digna sepultura a los asesinados. Entre el comienzo del siglo y septiembre de 2011, han logrado desenterrar a 5.476 víctimas. Las exhumaciones hancontribuido a alimentar la polémica y el debate, propiciando laaprobación en diciembre de 2007 de la comúnmente conocida como Ley dela Memoria Histórica. En la Ley, el Estado asumía el compromiso depromover un mejor conocimiento del pasado, así como de apoyar labúsqueda de las fosas comunes y la identificación de las víctimas. Sin embargo, la disposición no contó con el apoyo de todos los partidospolíticos. El diario El País incluyó en una de sus ediciones de 2011la disconformidad de Mariano Rajoy, entonces líder del Partido Popular en la oposición, en las que afirmaba que la Ley de la MemoriaHistórica no tenía ningún sentido y que, si llegaba al poder, noestaba interesado en mantenerla. Tras su victoria en las eleccionesgenerales de noviembre de 2011, redujo la cantidad presupuestada paralas actividades de recuperación del pasado y, en el presupuesto de2013 y 2014, las partidas se redujeron a cero.
